Lunes, 10 de diciembre de 2018

Recaudación y subsidio: el futuro de los gasolinazos

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Los aumentos de precio de las gasolinas han golpeado el bolsillo de los mexicanos los últimos años. El gobierno morenista deberá decidir pronto qué hacer con los mecanismos de recaudación y subsidio que repercuten en este fenómeno.

Fuente: Vanguardia/AriteguiNoticias/Nexos

Por: Marcelo Ortega (IQP) | 21 de noviembre del 2018

En lo que va del 2018 el precio de la gasolina ha aumentado en un 22.7%, este es el mayor gasolinazo desde inicios del 2017. Una de las promesas de campaña prominentes del presidente electo, fue terminar con los abruptos aumentos del precio de la gasolina. A menos de un mes de su toma de protesta, AMLO y su gabinete deben plantearse si cumplirán con su palabra y cómo es que lograrán ese objetivo.

Para comprender el fenómeno del gasolinazo es necesario entender los mecanismos de recaudación de impuestos que se imponen a los hidrocarburos. El primer impuesto gravado a gasolinas y combustibles como el Diesel, es el impuesto al valor agradado o IVA, que corresponde a un 16% sobre el precio final de venta.

Por otro lado, a ciertos artículos de interés federal como lo son: bebidas alcohólicas, cigarros y combustibles, se les aplica un impuesto especial sobre producción y servicio o IEPS. Los porcentajes de impuesto de la mayoría de estos productos se fijan a principios de año, pero para el caso de los combustibles la Secretaria de Hacienda determina el monto semana con semana.

Aunado al IEPS federal, los combustibles llevan una carga homónima denominada IEPS estatal. Este impuesto se define una vez al año, es invariable y toda la recaudación se destina a las entidades federativas y municipios. Por último, se tiene el IEPS por emisiones de CO2, una medida ambiental para promover el uso de energías limpias. Como ejemplo, para la semana del 17 al 23 de noviembre del 2018, la gasolina clasificada Magna tuvo una carga del IEPS de 4.294 pesos por cada litro. Tomando en cuenta que, para el 20 de noviembre de este año, el precio promedio de este combustible fue de 18.99 pesos mexicanos, tan solo el IEPS federal representó el 22.76% del precio final de venta.

Con el propósito de evitar otra disrupción social como la del gasolinazo del 2017, el gobierno federal ha impuesto un mecanismo para reducir el impacto del IEPS en el precio final de los combustibles. Dependiendo de los precios internacionales de los hidrocarburos, la secretaria de Hacienda determina un porcentaje de reducción del IEPS que le permite estabilizar el alza de precios. Cuando los precios internacionales aumentan, la federación disminuye el IEPS, lo contrario sucede cuando los costos de producción de hidrocarburos disminuyen. Así la federación logra recuperar parte de la recaudación que pierde en temporadas de altos precios de energéticos.

En ocasiones el estímulo ha llegado a reducir el IEPS hasta un 60%. Esta variación ha causado que de los más de 250,000 mdp esperados para el 2018 por el gravamen del IEPS, Hacienda haya recolectado tan solo poco más de 100 mil mdp de enero a agosto.

 Si bien el subsidio al IEPS ha logrado eliminar cambios abruptos en precios de combustibles, no ha sido capaz de impedir el aumento final de los mismos.  Este incremento de precios ha sido inevitable, ya que los precios de los hidrocarburos fueron liberalizados y ahora son determinados por la oferta y demanda de los mercados internacionales. Tan solo en el 2018, el precio del barril de crudo aumentó más de 20 dólares, lo cual ha repercutido significativamente en los precios de venta de las gasolinas.

La administración entrante ya considera sus opciones respecto a la aplicación del IEPS, aunque de manera disonante. Roció Nahle, futura Secretaria de Energía, ha declarado que se encuentra evaluando la posibilidad de eliminar de lleno el impuesto. Esta medida podría comprometer la financiación de proyectos morenistas principales como los son la nueva refinería y el tren Maya, por lo cual sería necesario plantear otros mecanismos de recaudación. A su vez esto abriría la puerta a cambios tajantes en los precios nacionales sujetos a los mercados extranjeros. Por lo contrario, Carlos Urzua, siguiente secretario de Hacienda, ha comentado pretender continuar el sistema de estímulos de la administración actual, lo cual significaría precios más altos pero una variación controlada.

Así AMLO y su equipo se encuentran ya en la disyuntiva entre eliminar, reducir o fijar un impuesto que si bien es clave para proyectos de infraestructura también representa un alto costo para el bolsillo mexicano. Sin duda la decisión no es sencilla y sus efectos repercutirán tanto en las finanzas públicas como en la imagen del siguiente presidente.

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