Lunes, 22 de octubre de 2018

México entre extremos: derechos humanos y militarización

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A poco más de un mes de su entrada en vigor, las sociedades de alumnos de Relaciones Internacionales (SALRI) y Ciencia Política (SALPL) invitaron a la comunidad a analizar la Ley de Seguridad Interior.

Fotografía tomada por el autor

Por Galo Delgado (LRI) | 29 de enero de 2018

El 25 de enero del 2018, alumnas y alumnos, profesoras y profesores de diversas carreras se reunieron en el segundo piso de biblioteca para abordar uno de los temas en la agenda nacional más controversial: la Ley de Seguridad Interior (LSI).

La LSI es un marco normativo para intervención de las fuerzas armadas en asuntos que el poder ejecutivo considere “amenazas a la seguridad interior”. Es controversial porque ha generado reacciones tanto positivas como negativas desde distintos grupos, siendo considerada como anticonstitucional por muchos de estos.

Juan Carlos Montero Bagatella, profesor del departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey define esta ley como un “marco a la actuación del ejército en materia de seguridad pública”.

Durante su intervención, el Dr. Montero recopiló algunos de los hechos y procesos que llevaron al país a “cocinar esta ley”. En primer lugar, invitó a pensar en antecedentes previos al sexenio de Felipe Calderón, ya que asegura que cuando el presidente tomó posesión de su cargo “México ya estaba en llamas”. El control del narco en territorio nacional es uno de los procesos más evidentes que podemos encontrar. Distinguir entre “Guerra del narco” –entre carteles– y “Guerra contra el narco” –con adhesión del gobierno– es fundamental.

“Cada muerto es una herida que se nos va ocasionando […] Nosotros en Monterrey vamos a ser parte de esta disyuntiva que tenemos frente al uso del ejército. En sus labores para matar, tienen un enfrentamiento en donde dos de nuestros compañeros van a ser asesinados en marzo del 2010”, recuerda Montero.

A finales de 2017, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 23 101 homicídios dolosos, cifra que supera a la del 2011 –22 855–, lo que convierte al 2017 en el año más violento. “La principal diferencia en el sexenio de Peña Nieto y el pasado es la cobertura mediática”, concluyó el Dr. Juan Carlos.

Por otra parte, el Dr. Luis Ernesto Aguirre, profesor del Departamento de Derecho del ITESM, asegura que “el promedio de policías no está capacitado” para hacer la labor que el marco jurídico actual les requiere, explicando el caso del Informe Policial Homologado (IPH), el instrumento base para la actuación de los policías como primeros respondientes al Sistema de Justicia Penal Acusatorio. “La mayoría de ellos no saben leer ni escribir”, afirma el profesor.

En gran medida, los tres invitados estuvieron de acuerdo con una cuestión que el Dr. Aguirre puntualizó y es que él mismo asegura que los mexicanos, a pesar de tener leyes de avanzada, “no nos gusta seguir el marco jurídico constitucional”.

La hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC, en esta misma línea exclamó: “déjense llevar por la legalidad”, después de presentar datos estadísticos en torno a la situación de violencia extrema que vivió México desde el 2006 y que encuentra su auge en el 2011.

Gráfica sobre quejas por hechos presuntamente violatorios de derechos humanos correspondiente a los años de auge de violencia. (Fuente: CADHAC)

“La delincuencia organizada nunca hubiera logrado sola estas atrocidades”, afirmó la Hna. Consuelo atribuyendo al ejército una gran cantidad de casos de violación de los derechos humanos.

Casi al finalizar el evento, el alumno Cristobal Cárdenas (LRI) cuestionó a los integrantes del panel sobre la politización de cuestiones como la LSI en México.

Tanto Montero como Aguirre y la Hna. Consuelo estuvieron de acuerdo en que es casi imposible evitar que las controversias en el mundo se politicen. La Hna. Consuelo puso como ejemplo al pacto del “Movimiento Naranja” al intentar levantar un acta de inconstitucionalidad a la LSI, “¿son ignorantes?”, evidencian los panelistas, recordando que los partidos políticos no tienen inferencia en situaciones que no sean estrictamente electorales.

“Se está acabando todo, se les está acabando la vida de ustedes”, dijo la Hna. Consuelo antes de abandonar el aula, “ustedes son privilegiados, ustedes tienen la obligación de velar por el bien común”, concluyó después de reflexionar sobre la urgencia de formar profesionales con “conciencia crítica”.

 

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