Lunes, 10 de diciembre de 2018

Juegos de poder: ¿Redoblar la apuesta?

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*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Grupo Nueva Prensa.

Por Salvador Iturbide Rojas (LEC)| 21 de noviembre de 2018

Estimados lectores, en los últimos días, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan de Paz y Seguridad, ante el crónico problema de la inseguridad que ha padecido México en los últimos años. El plan permitiría integrar oficialmente a militares de las diferentes ramas del ejército en una Guardia Nacional, que realizaría tareas de patrullaje y seguridad rutinaria.

No obstante, existen dificultades para llevar a cabo su plan, ya que para instrumentalizar esta propuesta se necesita una reforma a una serie de artículos de la Constitución Política, de manera que los elementos de las fuerzas armadas puedan hacer su trabajo de manera permanente, descartando así su regreso a los cuarteles como ha sido la petición de las organizaciones civiles, organismos internacionales (como Amnistía Internacional y las Naciones Unidos) e incluso el propio presidente electo.

Recientemente, en la misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto a la polémica Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada en la anterior legislatura de la Cámara de Diputados. La controvertida ley fue declarada inconstitucional por parte de los ministros que integran el máximo órgano del poder judicial, con el argumento de que “acarrea vicios desde su misma aprobación en el congreso” y en palabras del ministro Arturo Zaldívar, representa “un fraude a la Constitución, que pretende disfrazar como seguridad interior lo que en realidad es seguridad pública y que atañe estrictamente a las autoridades civiles”

Las palabras del ministro Zaldívar son muy importantes ya que enfatizan el carácter del Estado como garante de las libertades civiles de los ciudadanos y responsable de regular la fuerza que tiene en su poder. En un país como México, sin embargo, esta competencia se ve severamente afectada por una capacidad de manejo insuficiente, que tiene como resultado la corrupción y la impunidad en los delitos cometidos.

La inseguridad que asedia a México se traduce en una sociedad cada vez más desconfiada y sin empatía; la imposición de reglas propias daña la convivencia social y contribuye a generar más violencia. La falta de una estrategia clara para combatir el crimen organizado, como sucede en el caso de la Guardia Nacional, no resuelve el conflicto. No depende de los militares solucionar el problema que descuidó el gobierno; redoblar la apuesta sólo empeora la situación actual.

Resulta contradictorio que López Obrador y su equipo hayan desechado una propuesta que era una alternativa a la militarización de la seguridad para luego proponer algo similar, cuando los hechos demuestran que este tipo de iniciativas no sólo han fracasado, sino que han agudizado la crisis de violencia al costo de la vida de 220,000 personas y más de 30 mil de desaparecidos. Desde que se inauguró esta medida en el sexenio de Felipe Calderón y a lo largo de su continuación por el presidente saliente Enrique Peña Nieto, no se registró una disminución en la corrupción, el crimen o las violaciones de los Derechos Humanos cometidos por los cuerpos castrenses.

Mientras no haya una reforma integral a la seguridad que involucre un saneamiento en el aparto de procuración de justicia, de nada servirán los esfuerzos para redoblar y aumentar el número de efectivos en los cuerpos de seguridad para combatir al crimen organizado, que cada vez más se diversifica y aumenta su capacidad de desaparecer el Estado de Derecho para atemorizar a las personas en varias regiones del país.

Detrás de las ominosas cifras de muertos en la “guerra contra el narco” existen historias y rostros. Un ejemplo de ello la muerte de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Tecnológico de Monterrey acribillados el 19 de Marzo de 2010 por fuerzas militares en sus “labores de seguridad”. A 8 años del abyecto crimen, el gobierno apuesta a la misma receta; un verdadero mal presagio de la nueva administración.

 

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…

A estas alturas de mi columna de opinión he invitado a las personas a leer y a reflexionar sobre los últimos acontecimientos que suceden tanto en México como en el mundo. Este ha sido el último comentario de opinión en el semestre, y aprovecho para dar las gracias al equipo de Nueva Prensa por haberme (nuevamente) otorgado la oportunidad de participar durante en este espacio. También doy gracias a ustedes, estimados lectores, por su curiosidad, por tener el tiempo y la paciencia en leer estas líneas.

Con gran cariño y afecto, ¡muchas gracias!

 

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