Martes, 21 de mayo de 2019

Juegos de poder: Democracia a la mexicana

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*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Grupo Nueva Prensa.

Por Salvador Iturbide Rojas (LEC)| 31 de octubre de 2018

Estimados lectores, en una sociedad democrática las cualidades fundamentales son la información, la exposición de ideas y el hecho de que son sometidas a debate público. En este escenario es posible la toma de decisiones para resolver un problema de manera representativa, transparente y pública.

Sin embargo, la consulta popular propuesta por Andrés Manuel López Obrador sobre el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México carece de los elementos necesarios para el mecanismo de democracia directa, y en consecuencia, no es la manera conveniente de tomar decisiones en materia de política pública.

La reciente consulta popular sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México resulta preocupante e injusta debido a la falta de información objetiva, transparencia, organización, medidas de seguridad y la imparcialidad de una institución autónoma para optar por una alternativa. Además no es representativa debido a su corto alcance del plebiscito.

Las evidencias señaladas en los mecanismos de votación mostradas por diversos diarios (incluyendo este medio, cuya nota fue publicada el 25 de octubre) muestra la ausencia de la fiscalización y medidas de seguridad que deben ser esenciales a una votación, como es evidente en las elecciones que organiza el INE. A falta de un organismo serio que garantice la certeza de los cómputos electorales y la objetividad en el manejo de los resultados, es justo determinar que la consulta fue un acto que careció de transparencia, legalidad y organización.

En primer lugar no fue representativa ya que, de acuerdo con el reporte final de las cifras de los comicios, se indica que votaron 1 millón 069 mil 870 personas; esto representa sólo el 1,1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Sin embargo, el padrón electoral cuenta con 89.4 millones de personas que están habilitadas para votar, lo que indica la baja cobertura y participación de la consulta.

Las implicaciones del referéndum no sólo tienen repercusiones legales, políticas e institucionales, sino que en el aspecto económico tendrá como resultado la incertidumbre en el sector privado y el miedo a que la política económica que va a seguir la nueva administración gubernamental no sea instaurada con base a las recomendaciones de los especialistas, sino en encuestas de popularidad contestadas por habitantes que no cuentan con la información completa.

Para resolver los complejos problemas que aquejan a las personas de este país no basta con someterlos a la multitud que carece de información y propicia la ausencia de debate; entre más se recae en este método, más se reduce la oportunidad de escoger alternativas viables, que beneficien a la sociedad y brinden certeza técnica y jurídica.

Esta forma de “democracia a la mexicana” no debe ser habitual en la toma de decisiones, cuya complejidad requiere la asesoría de expertos de diversas ramas del conocimiento. Si bien los votos importan, también tienen el mismo peso las leyes, los estudios de los especialistas y académicos, y las instituciones que vigilen la conducción de quienes gobiernan.

Las consultas ciudadanas suponen que existe debate, objetividad, la oportunidad de exponer la crítica constructiva de distintos sectores de la sociedad sobre el tema sujeto a consulta y hacer campaña para que la ciudadanía pueda formarse un criterio propio antes de salir a votar sobre una decisión de esta naturaleza; sin embargo, todos estos elementos estuvieron ausentes en la reciente votación.

Se reconoce que se busque conocer la opinión de la ciudadanía sobre temas que importan y afectan al país. No obstante, la democracia directa como el plebiscito no debe de ser sustituto la labor de los representantes populares electos y de los académicos involucrados en el gobierno, sino un complemento, como reconocimiento de los derechos y obligaciones de los gobernantes y los habitantes en la toma de decisiones.

 

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