Miércoles, 19 de septiembre de 2018

Aquí entre nos: ¿quién es quién rumbo a los debates presidenciales de México? (I)

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*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Grupo Nueva Prensa.

Por Melina Puente (LEC) | 9 de marzo de 2018

Hace una semana, el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó las fechas para los debates electorales de las candidaturas presidenciales de 2018 y las temáticas que abordarán. El primer debate será el 22 de abril y se hablará sobre política y gobierno, corrupción y seguridad pública.

La política es un tema clave en la economía, porque las negociaciones políticas generan leyes, reglamentos y normativas que inciden sobre la actividad económica. Por ejemplo, una vez que el actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto, tomó posesión de su cargo en 2012, formalizó el ‘Pacto por México’ junto a las principales fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD) que permitió al poder ejecutivo la aprobación de las reformas estructurales, como la energética, la financiera, la de telecomunicaciones y la de competencia económica, que al día de hoy trajeron mayores flujos de inversión extranjera directa en el sector energético, mayor competencia en el sector bancario y en el de telefonía, internet y televisión abierta.

Pese a lo anterior, existen dos elementos sumamente relevantes que se han agravado durante esta administración y necesitan ser atendidos de forma urgente: la inseguridad y la corrupción. En materia de inseguridad, en 2017 se registraron 29 168 muertes por delito de homicidio doloso, señalando este como el año más violento en lo que se lleva registro, según el Observatorio Nacional Ciudadano. Asimismo, se incrementó significativamente la violencia en 23 de los 32 estados de la república, con respecto a 2011. En su comparación anual, la incidencia total delictiva a nivel nacional observó un incremento superior al 10%.

En su último informe trimestral, el Banco de México (Banxico) señaló que “es importante implementar reformas y acciones profundas que permitan contar con mejores condiciones de seguridad pública, de certeza jurídica y de competencia económica, lo cual redundará en mejores condiciones para la inversión y el crecimiento, en menor inflación, y en un mayor bienestar de la población”. De igual forma, Banxico ha externado su preocupación en torno a la corrupción.

Con respecto a la corrupción, este ha sido uno de los temas más escandalosos durante la administración del Presidente Peña Nieto. Con casos emblemáticos a nivel federal, tales como la ‘casa blanca’ en 2014, la ‘estafa maestra’ en 2017 o el caso Odebrecht el cual, aunque ha sido perseguido exhaustivamente en varios países de América Latina como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Panamá y República Dominicana, en México se ha dado de largas la investigación del caso a tal grado que la Cámara de Diputados rechazó discutir el llamado realizado por la Auditoría Superior de la Federación para que tomara medidas contra funcionarios involucrados en el caso Odebrecht.

La corrupción imperante en México es grave por el mensaje que manda, no solamente a los subordinados de la administración pública, sino que afecta de manera medular también a la sociedad y a la dinámica económica. Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad revela que la corrupción le cuesta al país el 2% del PIB, lo que equivale a 400 mil millones de pesos anuales.

En el marco del proceso electoral presidencial, ¿quién es quién en materia de corrupción e inseguridad? Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señalan grandes problemas por atender. El primero se enfoca en el combate a la inseguridad, planteando como propuestas iniciales la reorientación del gasto público en seguridad pública a la inteligencia, investigación y procuración de justicia y el fortalecimiento a las instituciones policiales, entre otras.

Mientras que el segundo se enfoca en el combate a la corrupción, con acciones como licitaciones públicas en línea, acciones penales por particulares y funcionarios públicos implicados en corrupción, la cooperación internacional para el combate a los paraísos fiscales y evitar el conflicto de intereses mediante la promulgación de una ley, entre otras. Pero ambos coincidiendo en la implementación de políticas públicas para la prevención del delito, señalando el PAN la procuración del bienestar de los niños y jóvenes mediante la recuperación de espacios públicos y Morena enfrentando el desempleo, la pobreza y desintegración familiar.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), propone la dignificación de los profesionales de la seguridad, el desmantelamiento de las estructura financieras del crimen organizado, el fortalecimiento del uso del juicio de amparo y, al igual que los otros dos partidos, la prevención del delito. En cuanto a corrupción, al igual que el PAN, propone la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, la simplificación de tareas en la administración pública y el rediseño de los esquemas de licitación pública, al igual que Morena.

Uno de los retos para los candidatos presidenciales será cómo justificar sus propuestas, es decir, ¿cómo llevar a cabo dichas propuestas? ¿Cómo mejorar lo ya existente y cómo encontrar las voluntades políticas para que esto funcione?

Las elecciones presidenciales de México no son cosa menor, se necesita elegir con inteligencia al mejor y para ello hay que conocer los problemas que nos aquejan y la forma de solucionarlos (de ahí la preocupación del INE por no querer que se empaten los debates con el fut, ¿no?).

 

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