Domingo, 21 de octubre de 2018

Aquí entre nos: El ocaso petrolero

0

*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Grupo Nueva Prensa.

Por Melina Puente (LEC) | 08 de octubre del 2018

Muy lejanos están los años en que la industria petrolera era sinónimo de riqueza y prosperidad; la época en que presidentes podían hacer uso de esta fuente de riqueza para compensar huecos fiscales e incrementar el gasto público. Fue casi al términos de los setentas cuando el Gobierno Federal utilizó la empresa paraestatal PEMEX (ahora empresa productiva del Estado) para financiar el gasto público, gracias a los altos precios que el barril del petróleo observaba en el mercado internacional como consecuencia de conflictos bélicos en Medio Oriente. Esto, aunado al descubrimiento del yacimiento Cantarell (en su época, uno de los yacimientos petroleros más ricos en el mundo) en 1971 y su explotación intensiva a partir de 1979, representó una época de verdadera bonanza tanto para la paraestatal como para el Gobierno Federal en sí mismo. En 1983, los ingresos petroleros representaron el 49.9% del total de los ingresos del sector público.

A partir de esto, todos conocemos o al menos intuimos las razones de por qué PEMEX se encuentra en el estado en el que se encuentra actualmente, asediado por la corrupción en el gobierno, en su sindicato, etc. Sin embargo, en términos estrictos, la crisis en PEMEX se gestó en realidad por un pésimo manejo de la empresa y sus recursos. Su principal producto, el petróleo, es un producto ‘commodity’; es decir, un producto homogéneo que solamente se diferencia del resto por el precio. Por lo tanto, es de esperarse que el mercado se encuentre atento a las noticias en torno a los fundamentales de oferta y demanda, a la alerta de cualquier cambio que dicte una alza o baja en el precio del petróleo. Esto, tomando en cuenta que el petróleo es un bien no renovable (hecho que solían señalarnos en los primeros años de primaria, en los libros de texto), lo vuelve un producto cuyo precio y oferta es volátil, sin considerar los altos costos involucrados en su exploración y producción.

La idea que rodea este tipo de bienes (llamados en inglés ‘staple products’) es orientar su producción hacia la extracción de impuestos o rentas por parte del gobierno, para su posterior inversión en otros sectores económicos de menor riesgo. Esto se hace para: 1) que las finanzas públicas no dependan de los volátiles ingresos del petróleo en el largo plazo y 2) generar ingresos sostenibles en el largo plazo y con ello, no vulnerar el progreso de las comunidades que desempeñan las actividades económicas en las cuales se invierte. Lo anterior ha sido implementado en países como Noruega y Arabia Saudita para el caso del petróleo y en Finlandia en el caso de la madera.

Lamentablemente, en el caso mexicano los ingresos petroleros fueron aprovechados de manera completamente opuesta a lo mencionado previamente; se utilizó el petróleo para financiar gasto corriente, en lugar de destinar la ganancia a una inversión productiva eficiente, al menos en el caso del propio PEMEX. Esto fue el inicio del fin para PEMEX. La crisis en PEMEX se vino anunciando desde mediados de la década de los 2000, cuando, tras niveles históricos de producción durante la primera mitad de la década, hubo una disminución radical de un nivel de 3,300 mil barriles diarios en 2006 a 2,500 miles de barriles diarios en 2010. Aunque su nivel se volvió a recuperarse un poco en 2011 y 2012, volvió a caer estrepitosamente desde el 2013 hasta la fecha, tocando un nivel mínimo histórico en septiembre de 2017, de 1,730 miles de barriles diarios. Este colapso productivo se debe a factores como la caída en los precios internacionales del petróleo y significativas pérdidas en la capacidad productiva de PEMEX.

El ocaso petrolero adquiere una connotación dramática cuando se observan sus efectos a nivel regional. Campeche y Tabasco son pruebas evidentes de lo que no se debe hacer en la gestión de un producto ‘staple’; pasaron de ser estados con un ritmo económico acelerado por la bonanza del petróleo a tener una economía estancada, como consecuencia de su dependencia del sector petrolero.

Utilizando coeficientes de concentración y datos del Producto Interno Bruto, Campeche y Tabasco observan una amplia concentración de su economía en el sector petrolero, de 5.97 y 5.17, respectivamente. El criterio mínimo para considerar que una actividad económica se concentra en una región es un nivel de entre 1 o 2 en adelante, lo que indica que el sector petrolero tiene una muy fuerte presencia en ambos estados, pues en ambos muestra un nivel de más de 5. Esto es aún más evidente cuando se ven las contribuciones de cada estado a la producción nacional del sector, que es del 57.8% en el caso de Campeche y del 33.2% en el de Tabasco.

Concentrémonos en Campeche. Este estado concentró, hasta 2016, el 80.5% del total de su actividad económica en la minería petrolera (extracción de petróleo y gas y servicios relacionados) y el 5.46% en el sector de la construcción, la cual a su vez orientaba el 60.2% de su producción directamente a obras de petróleo y petroquímica. De 2003 a 2016, Campeche acumuló un retroceso anual promedio de 3.26%, el único estado de la república en esta condición. En 2017, Campeche promedió una caída anual en su crecimiento de 9.9%. Si bien el gobierno estatal ha ido orientando esfuerzos a reducir un poco la vulnerabilidad de la economía de Campeche impulsando al sector turismo, será sumamente difícil corregir las ineficiencias de más de 40 años en el presente.

En el marco del ocaso petrolero entró en vigor la Reforma Energética, a la cual se opusieron muchos segmentos de la población, pues se percibía como algo negativo para la soberanía nacional en la gestión de los recursos, como se plantea en el artículo 27 Constitucional. En realidad, la reforma sólo permite la entrada de particulares a invertir y tener actividad en el sector económico, pagando derechos al Gobierno Federal a cambio, pero la propiedad del recurso natural continúa siendo de la Nación; por lo tanto, el gobierno sigue teniendo el derecho a realizar contratos y licitaciones públicas con particulares. En efecto, esta reforma llegó tarde debido a la falta de voluntad política, aunque por fortuna se perciben sus efectos en los flujos de inversión extranjera en el sector y en las licitaciones realizadas.

¿Se avecina el final de PEMEX? ¿Qué sucederá con los estados que dependen del petróleo? En mi opinión, el fin de PEMEX está cerca, o al menos eso esperaría yo por el bien de las finanzas públicas y los mismos estados que dependen económicamente de él, dado el altísimo nivel de ineficiencias en su operación. Su desaparición o transformación debe dirigirse hacia la administración de rentas por parte del gobierno, producto de la implementación de la reforma energética. Además, es apremiante que exista una coordinación entre el gobierno federal y estatal de Campeche y Tabasco, para atenuar los efectos de la crisis petrolera en sus economías y reorientarlos hacia sectores económicos de valor agregado alto e ingresos estables en el largo plazo. Estos son algunos de los retos de la administración federal entrante en materia energética, más allá de factores como la regulación del precio de la gasolina en sí, que debe de ser vigilado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en vez de ser administrado nuevamente por Hacienda, o la construcción de nuevas refinerías con cargo al erario.

 

Todos los comentarios son revisados previo a su publicación. No serán aprobados los comentarios que contengan ataques y ofensas personales; agresiones racistas, sexistas o discriminatorias en general; ni publicidad o spam.